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go to site CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Al reiterar que analiza la promoción de una acción de inconstitucionalidad respecto de la Ley de Seguridad Interior –recién aprobada en el Congreso-, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhortó al Ejecutivo federal para que formule observaciones sobre el proyecto.

http://wcadesignstudio.com/phpmyadmin/index.php El llamado al presidente Enrique Peña Nieto fue fundamentado por la CNDH con base en la atribución que le confieren los incisos a) y c) del artículo 72 Constitucional.

En un comunicado difundido este sábado, un día después que la Ley fue avalada por ambas Cámaras, la Comisión sostuvo que la atención a los problemas de seguridad y justicia que enfrenta el país debe emprenderse bajo un enfoque integral, partiendo de una lógica preventiva, más que reactiva.

“(Un enfoque que) se ocupe del conjunto de factores que generan o propician las actividades delictivas, así como del desarrollo de capacidades y recursos para la efectiva persecución y combate de las actividades ilícitas, con pleno respeto a los derechos humanos, todo lo cual pasa, necesariamente, por la revisión y fortalecimiento de nuestras policías y autoridades civiles”, indicó el organismo.

Aunque aclaró que respeta la aprobación de dicha Ley, reiteró su preocupación por el contenido de la misma en el sentido que contravenga o propicie la vulneración de los derechos humanos.

En el texto, el organismo que encabeza Luis Raúl González Pérez puso énfasis en la deliberación legislativa –Cámara de Diputados y Senadores-, espacio que consideró se desaprovechó para un verdadero ejercicio de reflexión y construcción dialéctico, para escuchar planteamientos y debates plurales e informados.

“Con posturas y conocimientos sobre el tema, tal y como lo solicitaron expertos, académicos, organizaciones de la sociedad civil y organismos protectores de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales”, señaló.

Al referirse a la reforma constitucional de 2011 como un logro histórico, la CNDH subrayó que la ley recién aprobada no está acorde al sentido y contenido de la citada, además de que a su juicio genera la posibilidad de que se vulneren derechos y libertades básicas reconocidas en favor de las personas.

Afecta también el diseño y equilibrio constitucionalmente establecido entre instituciones, órganos del Estado y poderes, así como posibilita que se impongan estados de excepción a la convivencia democrática entre la sociedad mexicana, señaló la Comisión.
   

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